PROPONEN ACCIONES PARA INCREMENTAR NÚMERO DE COMUNIDADES NATIVAS QUE ACCEDAN A INCENTIVOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES


Fecha: 04/04/2017


PROPONEN ACCIONES PARA INCREMENTAR NÚMERO DE COMUNIDADES NATIVAS QUE ACCEDAN A INCENTIVOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES

  • Funcionarios de cinco gobiernos regionales se reunieron en Iquitos con representantes de organizaciones indígenas (AIDESEP y CONAP) y sectores nacionales.
  • Reunión fue coordinada por el Programa Bosques del MINAM, como parte de la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), suscrita entre el Perú, Noruega y Alemania.

 

Con el objetivo de proponer y evaluar acciones que permitan incrementar el número de comunidades nativas amazónicas que accedan a incentivos económicos para la conservación de los bosques comunales, funcionarios de cinco gobiernos regionales, representantes de organizaciones indígenas regionales y de la sociedad civil, se reunieron este jueves 30 de marzo en la ciudad de Iquitos.

 

La reunión fue coordinada por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.

 

Fue la primera de una serie de reuniones descentralizadas que se realizarán durante las próximas semanas, como parte del proceso de formulación del Plan de Implementación de la Fase II de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), suscrita con Noruega y Alemania en setiembre del 2014.

 

Participaron también representantes del Ministerio de Agricultura y Riego, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, así como de las organizaciones de la sociedad civil.

 

META: DOS MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES

 

Como parte de la fase II de la DCI, el Perú tiene el compromiso de contar con 2 millones de hectáreas de bosques amazónicos bajo incentivos por conservación. Esto significa fortalecer e incrementar, a través de nuevos mecanismos y con la participación de otros actores, el servicio de incentivos para la conservación que brinda el Programa Bosques del MINAM actualmente a más de 50 comunidades nativas, ubicadas en 8 regiones del país.

 

Los incentivos para la conservación contribuyen con la conservación de bosques comunales porque comprende la implementación de un plan de inversión que incluye el desarrollo de actividades productivas sostenibles que otorgan mayor valor económico al bosque y reducen la presión por mayor deforestación.

 

Felipe Vela Montalván, representante de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, manifestó que el común denominador de la reunión en Iquitos es la conservación de los bosques y sus recursos naturales. "Aquí está la coincidencia de las regiones amazónicas y en eso debemos trabajar", indicó.

 

A su turno, representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), propusieron que una de las formas de avanzar en el cumplimiento de esta meta es implementando el mecanismo de incentivos para la conservación en las zonas identificadas es implementando las zonas que se han identificado en la iniciativa REDD Indígena Amazónica (RIA).

 

Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) aportó con sus propuestas trabajadas con sus bases regionales para ampliar el área de bosques conservados mediante incentivos.

 

REUNIONES DESCENTRALIZADAS Y OTRAS METAS DE LA DCI

 

El proceso de reuniones descentralizadas que coordina el Programa Bosques para formular el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, se realizará cada semana en las regiones amazónicas durante el mes de abril. Estos espacios permiten generar aportes desde los distintos niveles de gobierno, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, para la planificación y ejecución de acciones que permitan hacerle frente a la deforestación de los bosques amazónicos.

 

Además de la meta de los 2 millones de hectáreas de bosques bajo mecanismos de incentivos para la conservación, la Fase II de la DCI comprende también la reducción en un 50% el área de bosques sin asignación legal de categoría de uso, la regularización jurídica de por lo menos 5 millones de hectáreas de tierras indígenas, así como el cese de las autorizaciones de cambio de uso de las tierras de aptitud forestal y de protección, entre otros.